La capacidad normativa de las comunidades autónomas para elevar o bajar los impuestos cedidos por el Estado (IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones o transmisiones patrimoniales) les ha permitido ir encajando sus cuentas en función del ciclo económico o de las prioridades fiscales del Ejecutivo de turno. Los movimientos, sin embargo, no se han producido en la misma dirección, lo que ha generado grandes diferencias en la presión fiscal que sufren los ciudadanos en función de dónde estén empadronados. Y en ese listado los más perjudicados son los ciudadanos residentes en Extremadura y los más beneficiados los de Madrid, según los datos del Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2016, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, documento presentado ayer y del que informan todos los diarios.

La fotografía del IRPF en 2016 revela profundas diferencias en la cuota tributaria que tiene que pagar un ciudadano por las rentas que declara en la autonomía donde reside. Una divergencia que se ha intensificado este año ante la llegada a algunas autonomías (Baleares y Comunidad Valenciana) de Gobiernos liderados por Podemos, que han concentrado los incrementos de impuestos en las rentas altas.

Se detallan las diferencias entre autonomías. En el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), que grava las transacciones de viviendas de segunda mano. Si se vende un inmueble que no está destinado a vivienda habitual por un valor de hasta 150.000 euros, la brecha es de 6.000 euros entre Madrid (9.000) y Galicia o Cataluña (15.000). Si el importe sube a 450.000, la diferencia en la cuota a pagar también se eleva a 18.000 euros entre la que menos cobra (Madrid) y las que más (Cataluña y Galicia).

En Actos Jurídicos Documentados, el tipo del 0,5% está establecido en País Vasco y Navarra. Tipo del 0,75%: Canarias y Madrid. Tipo del 1%: La Rioja. Las demás comunidades tienen tipos superiores, siendo el más elevado, del 1,5%, en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

 

Fuente: Cinco Días. Página 24

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