• Las empresas tendrán que quedarse con el 40% de los parados formados

El Ministerio de Trabajo repesca una figura que, existente en la normativa laboral, hace tiempo que no se aplica. Está negociando con empresarios y sindicatos la convocatoria de cursos para 2020 y el próximo 2021 con compromiso de contratación. El Estado financiará la formación en empresas de sectores estratégicos que tengan dificultades para cubrir ciertos perfiles con escasez de profesionales inscritos en los servicios públicos de empleo y, a cambio, se comprometen a quedarse como mínimo con el 40% de los participantes de los cursos al menos durante seis meses.

El Ministerio de Trabajo, a través del Sepe, baraja un dotación de cinco millones de euros para el presente 2020 y otros cinco millones para el próximo año, aunque contempla la posibilidad de doblar la dotación si existe suficiente demanda por parte de las empresas de sectores estratégicos con dificultades para encontrar personal.

Cuatro convocatorias

Para 2020 se realizará una única convocatoria con la dotación de los cinco millones (ampliables), mientras que el próximo año se realizarán tres convocatorias más De estas últimas, a la primera se destinará el 40% del crédito, y a las dos siguientes el 30% a cada una. Pero si tras los dos primeros periodos selectivos quedase dinero sobrante, se repescarán solicitudes que hubiesen quedado descartadas previamente por falta de dotación presupuestaria.

Aunque desde los sindicatos consideran que no se trata de una gran dotación económica, ven estos cursos como un piloto para atraer a otras empresas hacia esta modalidad de formación de calidad para sectores con potencial de crecimiento y de fácil empleabilidad. E, incluso, para sectores más maduros.

Pero, a esta convocatoria en estudio, sólo podrán concurrir empresas que tengan al menos dos centros de trabajo en comunidades autónomas distintas. Lo que exigirá a los estudiantes desplazarse al lugar escogido por la empresa para impartir la formación presencial exigida. La preselección de los candidatos, que deben ser parados inscritos en el paro, correrá a cargo de los servicios autonómicos de empleo donde se ubique uno de los centros de trabajo de la empresa, que tendrá, no obstante, la última palabra.

En principio, la convocatoria, aún en discusión para perfilar qué sectores se incluirán finalmente, no tardará mucho en salir, pues se ha barajado que debía estar activa antes del 30 de septiembre. Se espera para lo que queda de octubre.

Las compañías que cumplan los requisitos y pretendan obtener la subvención para la formación, deben presentar previamente una memoria en la que conste el porcentaje de alumnos que se comprometen a contratar. Aunque ha de ser como mínimo el 40%, las sociedades aspirantes a la subvención tendrán prioridad mientras mayor cantidad de personas aspiren contratar. El baremo de puntos oscila entre 10 si el compromiso está entre el 50% y el 60% de los asistentes y 40 puntos si superarán el 80%.

Igualmente se valorará la preferencia de determinados colectivos, en concreto los jóvenes de menos de 30 años, los desempleados de larga duración y las mujeres, que podrían sumar (mujer, de menos de 30 años con más de dos años buscando empleo). Por último, se dará prioridad según la modalidad de los contratos dispuestos a ofertar a los alumnos, priorizando si son a tiempo completo e indefinidos. En cualquier caso, la contratación de los alumnos seleccionados debe realizarse como máximo a los seis meses desde que finalizó el curso.

El Sepe exigirá que el personal contratado suponga un aumento neto de plantilla respecto al mes anterior de realización de contratación por la que se solicita la subvención. Así, no se admitirá cubrir sustituciones de un trabajador fijo ni de empleados despedidos.

Estos cursos con compromiso de contratación son fruto de la negociación en la mesa abierta por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, pero no son los únicos que verán la luz este año y cuya formación abonará el Sepe.

Digitalización y turismo

La competencia digital -básica, media o avanzada- se ha convertido en una prioridad nacional. El Ministerio de Educación, con competencias en FP para el empleo, ya ha anunciado la formación de 125.000 trabajadores en cuatro años con un coste de 30 millones de euros al año. Pero Trabajo se suma y lanzará cursos antes de final de año en esta línea. Fuentes sindicales apuntan que se destinarán 50 millones de euros en los próximos tres años.

Otra formación en elaboración está dedicada al turismo, tanto para recualificar hacia sectores emergentes, como para mejorar las competencias para este sector.

Sectores con derecho a subvención

Los sectores, sometidos a discusión, se han establecido de conformidad a la Ley de medidas para la protección de las infraestructuras críticas.

Aeroespacial:

Centros de control y telecomunicaciones.

Industria nuclear:

Producción y almacenamiento radiológico.

Industria química:

Sustancias químicas, armas y explosivos.

Agua:

Depósitos, embalses, tratamiento de agua y distribución.

Energía:

Electricidad, hidrocarburos y gas.

Salud:

Biología, asistencia hospitalaria, vacunas y laboratorios farmacéuticos.

Tecnologías de la información y las comunicaciones:

Telefonía, radio y televisión.

Investigación:

Laboratorios de I+D+I y almacenamiento.

Transporte:

Carreteras, ferrocarril, aéreo, marítimo y puertos.

Alimentación:

Centros de almacenamiento y centros de distribución.

Financiero:

Mercados regulados, sistemas de compensación y sistemas de pago.

Fuente: El economista

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