La interposición de sociedades en el ejercicio de actividades profesionales

La interposición de sociedades en el ejercicio de actividades profesionales

Es práctica común en el ejercicio de actividades profesionales constituir una sociedad de responsabilidad limitada (ya sea normal – SL – ya sea sociedad limitada profesional – SLP). Los motivos suelen ser dos: la operativa única para la prestación de servicios por parte de un grupo de profesionales y la delimitación de la responsabilidad mercantil frente a deudas contraídas en el ejercicio de la actividad (protección del patrimonio personal de cada profesional).

En el caso de grupo de profesionales, la creación de la sociedad está justificada, en base a que el negocio es único, la imagen comercial y corporativa también única, y, por tanto, el cliente contrata con una sola entidad (la sociedad), independientemente del profesional o profesionales que le atiendan.

Ahora bien, en el caso de que el servicio lo realice un solo profesional, a través de una sociedad, ya sea como socio único (sociedad limitada unipersonal), ya sea con otros socios (de naturaleza capitalista, no profesionales), estamos claramente ante la figura, perfectamente legítima y legal, de sociedad interpuesta.

Los motivos, además de la limitación de responsabilidad mercantil por deudas, suelen ser la disminución de la carga impositiva cuando se alcanza un cierto nivel de facturación, y la posibilidad de deducción de ciertos gastos que como persona física (autónomo) no son fiscalmente deducibles, en concreto y especialmente, gastos de desplazamientos, dietas, consumos de combustible, vehículos, etc.

Es en ese ámbito (tanto para sociedades de profesional único como de grupos de profesionales, aprovechando el viaje ya nos miran a todos) donde la Agencia Tributaria indaga y pretende hincar el diente.

En el caso sociedades de solo un profesional, que además no cuente con más organización y capacidad productiva que su propio ejercicio profesional (no tiene empleados, ni subcontrata servicios, etc.), buscan, primero, que no se imputen a la sociedad gastos no necesarios (según su criterio, obviamente) para la obtención de los ingresos.

Y es que es práctica habitual (no por cierto adecuad, ni, en mi opinión, inteligente), pasar por la sociedad “cosas” que siendo gastos personales pueden “parecer” gastos profesionales (y en esto nuestros “amigos” de Hacienda son bastante mal pensado y perspicaces).

Por otro lado, de antemano rechazan en su totalidad aquellos gastos que simultanean el uso profesional con el personal. Porque ¿cómo se justifica que un consumo de combustible se ha realizado para el ejercicio de la profesión, y no para un desplazamiento particular? En las facturas de combustible no nos ponen ese detalle, claro está. Y puesto que es el profesional el que pretende ejercer su derecho a la deducibilidad de un gasto, y la carga de la prueba corresponde a aquél que ejercita su derecho, la Agencia Tributaria se agarra a ello como a un clavo ardiendo y no admite tales gastos mientras no le demostremos, “de forma fehaciente”, que el gasto es de la actividad.

Y si se da el caso de “abuso” en el “uso” de la sociedad, es decir, si Hacienda aprecia que la imputación de gastos que no diferencian entre uso profesional y particular es, por decirlo de alguna forma, “excesiva”, aplica SU criterio de interposición “fraudulenta”, y procede a liquidar como persona física y no como sociedad, aduciendo que la figura de la sociedad es meramente figurativa, que la actividad es realmente del profesional como persona física, y que la pretensión es eludir nuestra responsabilidad fiscal, eludiendo la aplicación de la norma y criterios de actividad como persona física, a la norma y criterios de las sociedades mercantiles, que es mucho más permisiva y con menos presión fiscal que la primera.

Y en ello estamos. En un tira y afloja en el que el primer tira es claramente favorable a la Agencia Tributaria: nosotros debemos probar y ellos pueden admitir o no según su apreciación “y/o antojo”. Y en muchos casos el afloja de la Administración no se produce casi nunca hasta llegar a la vía económico-admministrativa o, incluso, a lo contencioso-administrativo. Y bien sabemos, y Hacienda se aprovecha, que muchas veces es más económico pagar que meternos en contenciosos, que cuestan y cuestan, y duran y duran. Con el agravante de que rarísima vez (por no decir nunca), los tribunales contencioso-administraivos no condenan a la Administración a costas, y es el contribuyente el que debe soportar, sí o sí, todo lo que el proceso conlleve de gastos: sale más caro el collar que el perro.

Solución: cada vez que se pretenda imputar un gasto, y esto vale tanto si tenemos sociedad como si no, debemos “documentar” de forma exhaustiva el motivo del gasto. Anotar motivos del gasto, con quiénes se realiza el gasto (en concreto con esas facturas de invitaciones a clientes, proveedores, etc.), y cuantos más detalles aportemos, mejor que mejor. Ahora, con la tecnología digital, incluso tomar imágenes (foto o vídeo), de los asistentes a una comida en la puerta del restaurante, del kilometraje del coche al inicio y al fin de un desplazamiento (los metadatos del archivo de imagen nos facilitan fecha, hora, incluso localización si nos lo permite el dispositivo). En fin, cualquier cosa que se nos ocurra: más vale que nos sobre a que nos falte.

José Luís Carrillo

26/03/2019



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