Los avales estatales garantizarán nuevos préstamos y renovaciones destinados a atender pagos de salarios, facturas e impuestos, entre otras necesidades de liquidez, excluyendo unificaciones y cancelaciones de deudas

Los avales estatales garantizarán nuevos préstamos y renovaciones destinados a atender pagos de salarios, facturas e impuestos, entre otras necesidades de liquidez, excluyendo unificaciones y cancelaciones de deudas

La línea de avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a facilitar la liquidez de autónomos, pymes y empresas en plena crisis del coronavirus, y que garantiza operaciones concedidas desde el pasado 18 de marzo, estará operativa desde mañana, una vez que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras han suscrito los correspondientes convenios de colaboración, según ha informado el Gobierno.

Esta línea de avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo activado tiene un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50%, 10.000 millones, se reserva para garantizar préstamos de autónomos y pymes. Con cargo a a esta partida, el ICO garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Quedan excluidas las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre. Además, deberán transferir a sus clientes el beneficio derivado del aval público, en forma de menores intereses o mayor plazo, entre otras opciones. Asimismo, no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto, como por ejemplo seguros de vida. En este sentido, el Banco de España ya ha advertido de que estará «muy vigilante» de que ninguna entidad incurra en prácticas de lo que se conoce como venta cruzada en la concesión de créditos con avales públicos.

Para asegurar un adecuado reparto de los avales entre los operadores financieros (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico), el Ministerio ha aprobado una distribución separada de los dos tramos de la línea de avales. En cada uno de ellos, el importe se distribuirá entre cada entidad financiera en función de su cuota de mercado a cierre de 2019: por un lado, en relación al crédito a autónomos y pymes y, por otro lado, a grandes empresas según la información comunicada por el Banco de España. También tendrán acceso a esta línea las entidades financieras que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado en el Banco de España: se les reservará una cuota agregada del 1%.

A partir del 30 de abril, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores que hubieran agotado sus líneas, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta dicha fecha.

Los avales concedidos por el ICO cubrirán el importe principal del préstamo impagado por el cliente, excluidos otros conceptos, como los intereses ordinarios o de demora.

Una vez se haya utilizado este primer tramo de la Línea de Avales, el Gobierno habilitará un nuevo tramo, cuyas características se determinarán en su momento, para «garantizar que la liquidez sigue fluyendo de forma adecuada hacia el tejido productivo».

 

Fuente: Diario Sur

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